La morosidad amenaza la viabilidad de casi 2,5 millones de autónomos

En un cajón del Congreso de los Diputados, ninguneada tras su aprobación mayoritaria. Sumergida en un plazo de enmiendas interminable, que dura ya más de 500 días. Más de un año y medio en el ostracismo. Así se encuentra la proposición de Ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para permitir a las pymes y a los autónomos no tributar por el IVA de las facturas no cobradas hasta que las cobren.

Demasiada demora, demasiada desidia, opinan los empresarios, para una reforma tan urgente. Porque la supervivencia de cientos de miles de autónomos y de pymes depende de este tipo de reformas contra la lacra de la morosidad comercial (sobre todo la del sector público).

De hecho, “el 80% de los autónomos se encuentra en una situación de riesgo por los retrasos en los pagos e impagos”. Teniendo en cuenta que en España hay 3,1 millones de autónomos, habría 2,48 millones en peligro de cierre por la morosidad. Es evidente que nunca podrían caer todos de golpe: el sector se reordena solo. Pero que están en peligro es claro y meridiano.

Además, el 40% de las empresas españolas ve amenazada su supervivencia por los retrasos en los pagos. Esto, teniendo en cuenta que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2011 había en España 3,25 millones de empresas, se traduce en que el cierre amenaza a 1,4 millones de compañías.

El problema del IVA 

No en vano, según datos del INE, en el último trimestre aumentó un 19,7% el número de empresas que suspenden pagos. Un dato alarmante, por mucho que se haya vuelto una realidad cotidiana. “Estas cifras no ayudan a las empresas a ser optimistas”.
 

“La situación de pymes y autónomos se debe tanto a problemas coyunturales derivados de la actual crisis económica, como estructurales, derivados de los retrasos en los pagos e impagos. La aprobación e implementación de una enmienda en este sentido [como la de la reforma del IVA que está varada en el Congreso] contribuiría a resolver el problema coyuntural ya que supondría una mejora en su liquidez”.

No obstante, “estructuralmente, también es necesario que en primer lugar la Administración Pública, que es la peor pagadora, haga todo los esfuerzos posibles por cumplir los plazos fijados en la Ley de Morosidad, y que el Gobierno haga cumplir los plazos sin esperar hasta 2013 si fuese posible, cuando termina el periodo de transición de los mismos”.

TRANSCOBRO recuerda que es necesario encontrar la fórmula para que pymes y autónomos no tengan que tributar por el IVA de las facturas que no han cobrado. Sobre todo, en el contexto actual, disminuir los plazos de pago de la Administración Pública sería especialmente trascendente si tenemos en cuenta que tienen los plazos de pagos más largos.

Concretamente, según datos del Índice de Riesgo 2011, las administraciones tardan en pagar sus facturas 153 días, frente a los 99 días de las empresas, y 68 de los particulares. De hecho, se estima que si las administraciones públicas, empresas y consumidores pagaran a tiempo sus facturas ello equivaldría a una inyección económica de 28.630 millones de euros.

Gestión del crédito 

Por otra parte, TRANSCOBRO recuerda que aunque estas medidas son positivas, “la situación ideal es mejorar la política de gestión de crédito para solucionar los impagos”.

En TRANSCOBRO creemos que “la mala situación de pymes y autónomos respecto a los pagos se debe también a que la mitad de ellos nunca han dejado la recuperación de sus pagos en manos de profesionales especializados y los que lo han hecho tardan una media de 107 días en asignarlas para comenzar a reclamar los impagos”.

Las pérdidas por impagos suponen para la economía española un “agujero” de 28.630 millones de euros, más de cinco veces la ayuda que España concederá a Portugal

Si la administración pública, empresas y consumidores pagasen todas sus facturas equivaldría a una inyección para la economía española de 28.630 millones de euros, una cifra más de cinco veces superior a la ayuda que España concederá a Portugal, según comunicó la Ministra Elena Salgado el pasado martes 17 de mayo (entre 4.500 y 5.000 millones de euros).

El estudio muestra la evolución del comportamiento de pago de particulares, empresas y administración pública y el riesgo de impago en las operaciones comerciales en 25 países europeos.

Otra de las principales conclusiones es que las pérdidas por impagos siguen aumentando y a mayor ritmo. Así, las pérdidas por impagos de las empresas españolas se sitúan ya en el 2,7%, frente al 2,5% del año anterior. A este aumento contribuye el mal comportamiento de pago que mantienen administraciones públicas y empresas, quienes no han disminuido ni un solo día sus plazos de pago desde la puesta en marcha de la “Ley de Morosidad”.

Plazos de pago en España y Europa

 
En 2011, el plazo medio de pago (acordado + retrasos) en España duplica al europeo. Así, ha pasado de 103 días en 2010 a 106 en 2011, una cifra que en Europa se sitúa en 53 días (frente a los 52 de 2010).
Concretamente, la administración pública española continúa pagando sus facturas en un plazo de pago real de 153 días, el mismo que en 2010; y las empresas han aumentado un día respecto al año anterior sus plazos de pago, hasta los 99 días. Destaca el cambio de tendencia en el comportamiento de pago de los consumidores quienes, lejos de disminuir sus plazos de pago, lo han aumentado un 15%, hasta los 68 días, frente a los 59 de 2010.
Estas cifras muestran la necesidad de legislar también a los consumidores a través de la “Ley de Morosidad” ya que sus impagos o retrasos pueden suponer la diferencia entre que una empresa continúe o no en el mercado”.

Por otra parte, los datos europeos reflejan que la administración pública paga sus facturas en un plazo de 65 días, las empresas en 56 y 40 en el caso de los consumidores; unos datos que, en algunos países, marcan una diferencia de hasta 100 días con España, como ocurre por ejemplo con la administración pública, donde en el caso de Holanda y Reino Unido se paga en un plazo de 47 días vs los 153 días españoles.

Radiografía de una Europa dividida: Reino Unido ocupa el segundo peor puesto del ranking

En Europa, las pérdidas por impagos ascienden a 312.000 millones de euros, una cifra superior a las ayudas concedidas a Grecia, Irlanda y Portugal. Esto se refleja en unas pérdidas por impagos para las empresas europeas del 2,7%, frente al 2,6% del año anterior.
El Índice de Riesgo 2011 muestra una Europa dividida donde “algunos países cada vez lo están haciendo mejor y por el contrario otros cada vez lo hacen peor. Así, el incremento de las pérdidas por impagos en Reino Unido son una clara llamada a combatir los retrasos en los pagos mientras que en el caso de Alemania, que se presenta como la economía más fuerte de Europa, se muestra una reducción del 8% en sus pérdidas por impagos”.
Por su parte, si observamos la evolución en las pérdidas por impagos entre 2010 y 2011 observamos que Grecia es el país con peor progresión con un aumento del 63%, pasando del 3% al 4,9% mientras Francia, Finlandia y Suiza se sitúan en el otro extremo de la tabla.

Las empresas españolas demandan regular a consumidores en la Ley de Morosidad

El Índice de Riesgo 2011 hace también un análisis de la Directiva Europea de lucha contra la morosidad (y la nueva Ley de Morosidad en el caso de España), observando un escaso grado de conocimiento por parte de las empresas europeas, solo 3 de cada 10 (de media, el 72% de las empresas europeas afirman no conocer la directiva Europea ). Sin embargo, las empresas españolas ocupan el primer puesto en cuanto a su conocimiento ya que 8 de cada 10 afirman conocerla (un 84% la legislación española y un 78% la directiva europea); a continuación se sitúan las italianas y francesas. En el extremo opuesto observamos que se encuentran Islandia, Estonia y Finlandia.
Además, más de la mitad de las empresas europeas demandan que se regulen también los plazos de pago de los consumidores; una cifra que asciende hasta el 70% en España. Además, al 91% de las empresas españolas les gustaría que existiese una legislación más sólida que ayude a las empresas a obtener sus pagos a tiempo.

Las empresas no crecen como consecuencia de la recesión global 

El tejido empresarial de toda Europa ha visto resentido su crecimiento; de hecho, las empresas de ninguno de los 25 países analizados han experimentado un crecimiento orgánico como consecuencia de la recesión.
Contrastan las situaciones de países como Grecia y Suecia. Así en Grecia, el 67% de las empresas no han crecido e incluso han reducido sus ventas un 70%. Sin embargo, en Suecia, aunque sin datos positivos, el 21% de las empresas no han crecido y sus ventas han disminuido un 42%.
España se encuentra ligeramente por encima de la media europea que se sitúa en el 45%. Así, el 46% de las empresas españolas no han crecido, han reducido sus ventas un 65% y han invertido en innovación un 44% menos. El principal problema de estas cifras es la pérdida de competitividad que sufrirán las empresas españolas por esta tendencia.

¿Cómo ven su futuro las empresas? 

Otro de los parámetros analizados es el grado de optimismo/pesimismo de las empresas de los diferentes países sobre su futuro. Así, las empresas europeas que prevén que aumentará el riesgo por los impagos los próximos 12 meses duplican las que piensan que se reducirán (32% vs 14%). En España, esta cifra aumenta hasta el 40% vs 13%.

Además, el 40% de las empresas españolas afirman que los retrasos en los pagos representan una amenaza para su propia supervivencia. En el ranking por países, las empresas de Reino Unido son las que sienten más amenazada su continuidad, concretamente el 55%, frente al 11% de las belgas o suizas, siendo la media en Europa del 28%.

Respecto a los problemas de liquidez como consecuencia de la morosidad y los impagos, Portugal es quien señala este aspecto como principal impacto, concretamente un 78% de las empresas frente al 31% de Suecia. En el caso de España, el 77% de las empresas teme un impacto negativo en la liquidez de su empresa. 

“Esta situación hace evidente la necesidad de que el gobierno español haga cumplir cuanto antes los plazos de pago que figuran en la Ley, e incluso si fuese posible sin esperar hasta 2013, cuando termina el periodo de transición de los mismos. Pagar a tiempo supone reactivar el motor de las empresas, la liquidez, algo que se hace cada vez más necesario, especialmente para las PYMES".
 

La morosidad provoca la desaparición de decenas de miles de pymes y microempresas

Según datos facilitados por diversas confederaciones empresariales, la Morosidad de las Administraciones Públicas y de las empresas privadas ha propiciado el cierre de más de 400.000 empresas y autónomos en España desde el inicio de la crisis en 2008. Las patronales achacan a los problemas de cobro de las ventas a crédito, uno de los principales motivos de la alta desaparición de pymes que se da en España, y que es más elevada que la existente en el resto de Europa. 

Así pues las estadísticas revelan que el 65 por ciento de las pymes creadas en España, desaparece después de los primeros 5 años de existencia; y una vez transcurridos los primeros 6 años desde su constitución sólo permanecen en funcionamiento el 25 por ciento de las empresas. Hay que tener en cuenta que el 30 por ciento de las empresas de nueva creación mueren antes de cumplir el primer año de vida. Asimismo los dos primeros años de existencia son muy duros para las pymes, puesto que el 50 por ciento de las empresas desaparecen durante este período. Además el promedio de vida del 90 por ciento de las pymes españolas es de diez años.


Con respecto a las microempresas la escabechina es terrible, puesto que el 50 por ciento de estas empresas no llega a cumplir ni siquiera su primer año de vida. Y respecto a los empresarios individuales, menos del 45 por ciento de las empresas sin asalariados que se crean en España permanece en activo después de los 4 primeros años de vida. Así pues el motivo del cierre prematuro que padecen muchas pequeñas empresas tienen que ver con los pagos aplazados para las calendas griegas que practican las empresas más grandes y que constituye un auténtico cáncer para las empresas de reducido tamaño.


Como muestra de la problemática de las facturas impagadas, según las estimaciones realizadas por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), las pymes y los trabajadores autónomos españoles cargan con 800 millones de euros anuales correspondientes por el Impuesto sobre el valor añadido (IVA) de facturas que aún no han llegado a cobrar debido al aumento de la morosidad e impagos.


Según los Técnicos de Hacienda en la actualidad, el empresario debe ingresar a la Hacienda Pública el IVA de las facturas emitidas, independientemente de si las han cobrado o no.  La negativa del Gobierno para buscar soluciones que puedan paliar este problema ha dejado que las únicas alternativas en caso de morosidad son solicitar un aplazamiento del pago para no anticipar el impuesto no cobrado, lo que conlleva un interés de demora del 5% anual que aplica la Agencia Tributaria, o bien, transcurrido un año desde el impago, rectificar la factura impagada pero teniendo que seguir unos requisitos muy exigentes.